Gobierno Chileno lanzó una polémica ley que busca “ordenar la casa” evitando la inmigración irregular y restringir el ingreso de extranjeros.

Gobierno Chileno  lanzó una polémica ley que busca “ordenar la casa” evitando la inmigración irregular y restringir el ingreso de extranjero...

Gobierno Chileno  lanzó una polémica ley que busca “ordenar la casa” evitando la inmigración irregular y restringir el ingreso de extranjeros. La opocision rechaza está ley pero en la práctica no son capaces de sacar un peso de sus bolsillos para ayudar a un extranjero ni menos a un chileno que sale a pedir a la calle por necesidad en algún semáforo cerca del congreso en este tiempo de crisis por el covid 19 y muchos solo se sacan fotitos repartiendo cajas que da el gobierno pero no de sus ahorros personales.

En medio de un fuerte alza del desempleo en el país y una economía en caída por la peor crisis en cuatro décadas provocada por la pandemia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera lanzó una polémica ley que busca “ordenar la casa” evitando la inmigración irregular y restringir el ingreso de extranjeros.

“Queremos ordenar nuestra casa porque hubo un tiempo en que la migración se hizo en forma descontrolada e ingresaron a Chile en forma ilegal muchas personas, lo cual constituye un engaño para esas personas y yo creo que no es lo que el país necesita”, indicó en rueda de prensa el mandatario conservador al presentar la norma el último jueves.

La inmigración ilegal “perjudica a los chilenos y a los propios migrantes”, apuntó Piñera, quien ya utilizó varias veces la expresión “ordenar la casa” para referirse a los problemas migratorios.

Sin embargo, ese concepto es considerado discriminatorio por sectores de la oposición, que han salido a rechazar el proyecto que está siendo tratado por el Parlamento. Más de 135 organizaciones, expertos y grupos de la sociedad civil de Chile y del exterior han firmado un documento en el que manifiestan su oposición al intento oficial.

“Si se aprueba como está hoy, el proyecto significará un retroceso para toda la región”, sostienen en el texto. “América del Sur es reconocida internacionalmente por el desarrollo de políticas migratorias con enfoque de derechos tanto a nivel nacional como en el ámbito de los mecanismos de integración regional, como el Mercosur (...). Hoy, el paradigma de derechos de las políticas migratorias en América del Sur está en tensión con la creciente securitización y criminalización de la migración”, afirman.

En Chile, un país que hasta las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Durante su primer mandato (2010-2014), Piñera presentó un proyecto ley para modificar la política migratoria, cuya discusión estuvo suspendida durante siete años y que ha sido retomada ahora por el Senado.

La actual Ley Migratoria, una de las más antiguas de Latinoamérica, fue diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando Chile apenas recibía migrantes. “Los que quieran venir a vivir a nuestro país tienen que empezar por respetar nuestras leyes y por respetar nuestro estado de Derecho”, sostuvo Piñera, quien aprobó nada más acceder al poder para su segundo mandato no consecutivo en 2018 unos decretos para restringir la expedición de visas a venezolanos y haitianos.

El frenazo de la economía por la pandemia, que ha causado ya más de 390.000 infectados y 10.671 muertos en el país, provocó un desplome histórico del 14,1% en el PIB chileno durante el segundo trimestre de 2020 y llevó al desempleo al 12,2 % en junio, su peor cifra en una década. Aún así, las autoridades creen que la migración podría aumentar en los próximos meses dado que la situación de los vecinos es peor.

Un estudio de la Universidad de Talca reveló el miércoles que más del 30% de los migrantes que viven en Chile perdieron sus empleos durante la pandemia y que, pese a su precariedad, el 60% de los consultados no volvería a su país de origen. En ese contexto, el gobernante aseguró que la propuesta opositora para aprobar el llamado “turismo laboral” es inviable, pues permitiría regularizar la situación de “cualquier persona que se presente en la frontera y diga que quiere buscar trabajo”.

“Eso no es lo que los chilenos queremos (...) En los tiempos que vivimos hoy día que tenemos un gigantesco desafío de crear empleos para recuperar el 1,8 millón de empleos que hemos perdido”, dijo el presidente.

Al número de personas que han sido despedidas se suma un 21% que permanece en suspensión temporal de contrato y un 18% que tuvo una reducción de la jornada laboral, dijo el estudio de la universidad.

El 85% de los migrantes extranjeros no posee ahorros para costear sus necesidades en los próximos meses. “Se trata de personas ya instaladas en Chile y no tendría mucho sentido volver a su país, en circunstancias en que todos están viviendo situaciones similares”, explicó el director del Centro Nacional de Estudios de la universidad chilena, Medardo Aguirre.

Fuente: EFE, AP, AFP y Clarín