AVANZANDO EN CONCIENCIA AMBIENTAL Durante las últimas décadas, el cambio climático y sus efectos sobre el planeta ha sido una constante ...
AVANZANDO
EN CONCIENCIA AMBIENTAL
Durante las últimas décadas, el cambio
climático y sus efectos sobre el planeta ha sido una constante preocupación de
los gobiernos a nivel internacional, situación que aumenta proporcionalmente al
crecimiento de la actividad humana año a año.
Chile no está exento de esta
problemática, y es que todos hemos notado el ejemplo más claro: la falta de
lluvias y la sequía que periódicamente va en aumento en nuestro país.
“En nuestro país, desde el inicio del
Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se ha estado trabajando incansablemente
en el compromiso con el medioambiente, impulsando un “Estado Verde”, con el
cual se busca mejorar las prácticas de las instituciones públicas y generar
instancias que generen la participación e involucramiento de quienes coordinan
las temáticas ambientales en los diferentes territorios, pues con su
experiencia se puede fortalecer, enriquecer y mejorar estos instrumentos de
gestión, incorporando los nuevos desafíos que plantea, por ejemplo, el Acuerdo
de Escazú para fortalecer la participación, asegurar el acceso de la
información por parte de la ciudadanía y fortalecer la democracia ambiental”,
afirmó la Seremi de Justicia y Derechos
Humanos, Hellen Pacheco.
En este aspecto, en Chile un paso
trascendental en esta línea fue la incorporación de la educación ambiental en
la Ley 19.300 (1994) de Bases Generales del Medio Ambiente, situándola al nivel
de instrumento de gestión ambiental y, por ende, como una obligación el Estado.
Posteriormente, en 2009, se aprobó la
Política Nacional de Educación para la Sustentabilidad, documento que fija los
grandes lineamientos que determinan el actuar de los distintos sectores en
materia de educación Ambiental, con el único norte de formar una ciudadanía
activa en la construcción del desarrollo sustentable del país.
Pero la Educación Ambiental evolucionó
desde una mirada conservacionista en sus inicios, aunque desde los años setenta
y tras las conferencias de Belgrado y Tbilisi, estuvo presente el
cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante y su fuerte vínculo con el
deterioro del medio ambiente.
Durante los años noventa se comienza a
hablar de educación ambiental para la sustentabilidad, la cual se había
iniciado desde el nacimiento de la Agenda 21. Junto a ello, se reforzó la idea
que esta educación debía potenciar el compromiso con los valores, principios,
actitudes, comportamientos y con una noción de justicia y equidad compartida,
así como el sentimiento de tener un destino común con todos los pueblos.
En el año 2002, la ONU decreta al período
comprendido entre 2005 y 2014 como el Decenio de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, el cual no pretende suplantar a ninguno de los
movimientos educativos ya existentes, sino constituirse en un llamado
generalizado a todos ellos para que incorporen la sostenibilidad.
De esta forma, al observar la trayectoria
y conceptualización de la educación ambiental hasta nuestros días, se puede
afirmar que la tarea de la Educación Ambiental es profunda y comprometida:
educar para cambiar la sociedad y que la toma de conciencia se oriente hacia un
desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la sustentabilidad
y la responsabilidad global. De esta forma, supone un análisis crítico del
marco socioeconómico que ha determinado las actuales tendencias insostenibles
(información y sensibilización) y la potenciación de las capacidades humanas
para transformarlo (actuación), otorgando gran importancia a la preparación de
una ciudadanía responsable y capacitada para la toma de decisiones en un mundo
global y complejo. En definitiva, lo que se propone es un cambio de paradigma.
Desde esta perspectiva, es de vital
importancia la promulgación de la Ley de
Delitos Económicos y Medio Ambientales por parte del Presidente Gabriel Boric durante esta semana, en la
cual se establecen delitos que constituyen atentados contra el medio ambiente,
como la contaminación de aguas y suelos, o el daño a parques y humedales.
El Seremi de Medioambiente, Félix Contreras, señaló que “estamos
muy contentos por esta nueva Ley que sistematiza los delitos económicos y
atentados contra el medioambiente. Esta es una Ley que modifica el título
treceavo del código penal y es una Ley que estuvo en el Congreso desde el año
2020 y que nuestro Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha podido sacar
adelante y ha sido promulgada. Nos pone contentos porque muchas de las acciones
que realizan personas hoy en día en contra del medioambiente, lamentablemente
no llegan a un buen término de justicia ambiental. Con esta Ley donde el
infractor puede ser una persona natural o una persona jurídica, las sanciones
que compromete es de privación de libertad para personas naturales, pero
también aplicación de multas accesorias, incluso el comiso o la entrega de las
ganancias obtenidas por este impacto ambiental que se haya generado”
Esta
promulgación, plasma un nuevo estándar para proteger la naturaleza y la
biodiversidad de nuestro país, incorporando en el Código Penal, las figuras que
atentan contra el medio ambiente, incluyendo el Párrafo XIII al Título Sexto
del Libro Segundo del Código Penal, denominado “Atentados contra el medio
ambiente”, en el cual los artículos 305 a 312, se regulan exhaustivamente tanto
figuras penales de contaminación como de daño medioambiental, a través de un
sistema que funcionaría de forma coordinada con la regulación administrativa
ambiental, fortaleciéndola.
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